Por: Equipo Jurídico Pueblos

Un año después de que el Juzgado Tercero Penal del circuito especializado de Bucaramanga condenara al soldado profesional YEFRI DANILO CORONEL por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro, fue capturado durante un puesto de control de carretera de la Policía Nacional en Ocaña, Norte de Santander.

El militar fue investigado y encontrado culpable de la ejecución extrajudicial (falso positivo) de Rafael Andrés Plata Sánchez, Mauricio Nova y una persona sin identificar en la vereda Islitas del municipio de Hacarí, Norte de Santander, ocurrida el 25 de agosto de 2008. En el proceso penal logró probarse que las víctimas, personas muy jóvenes y humildes, fueron reclutadas en un parque Bucaramanga por Alexander Carretero, condenado por ser el reclutador de los jóvenes de Soacha, y trasladados por él mismo hasta Norte de Santander donde fueron asesinados y desaparecidos.

Hoy, 18 de febrero de 2021, se llevó a cabo la audiencia para verificar la legalidad de la captura efectuada el día de ayer aproximadamente a la 1 de la tarde. En la diligencia causó curiosidad que Yefri Danilo Coronel de 46 años se presentó como soldado profesional, con ocupación estafeta, en servicio activo aún cuando sobre él existía hace más de dos años una orden de captura por la comisión de delitos internacionales. Por su parte, la defensa solicitó la detención en un centro penitenciario establecido para funcionarios de la fuerza pública; petición que fue debatida por los abogados representantes de víctimas. Finalmente, la juez determinó que será el INPEC quien asigne el lugar de detención del militar.

Llama la atención, que 12 años después de esta ejecución, los campesinos catatumberos se siguen movilizando en la vereda Islitas para exigir el retiro de las bases militares, y denuncian las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario cometidas por los militares en la zona.

Asimismo, esta captura confluye con la publicación del auto de priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz en la que luego de dos años de investigación concluye que en Colombia son 6.402 el número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, muchos más de las que se tenía registro.